De su gobierno hubo cosas que pueden destacarse como "buenas", entre otras la determinación de servir el mínimo vital de agua a la gente pobre, el respeto por la diferencia y la tolerancia a la libertad sexual, la supresión de las corridas de toros y la defensa de los animales, incluidos los caballos de tiro. Pero Gustavo Petro dio papaya, y bien grande y madura con el asunto del modelo de recolección de basuras.
Esa fue la razón para que Alejandro Ordóñez, el procurador que predica los dogmas católicos desde su cargo público, le buscara la caída hasta tumbarlo, y no solamente eso, sino, matarlo políticamente con la inhabilidad para ocupar cargos públicos por 15 años.
Aparte del debate sobre la pésima alcaldía de Petro se encienden las luces sobre un tema que ha pasado de agache. El omnipotente procurador.
Este no es el primer caso de alcalde destituído, en su segundo reinado van más de 300 alcaldes y 30 gobernadores removidos de su cargo por cuenta de Ordóñez, y con seguridad que todos esos funcionarios han hecho méritos para ser sacados de los cargos por la puerta de atrás. En principio es positivo que exista un ente que vigile y sancione a los funcionarios pícaros.
Pero a raíz de la "basura de Petro" -para hacerle un paralelo al florero de Llorente- se ha notado el terrible daño que los poderes extralimitados de la procuraduría hacen a la democracia. Cuando uno de esos alcaldes o gobernadores es destituído la Registraduría debe organizar improvisadamente nuevas elecciones para reemplazar al líder del descabezado gabinete, eso traerá candidatos igualmente improvisados de dudoso pelambre que deberán continuar el plan de gobierno de su antecesor, y me atrevo a asegurar que en ninguno de los casos, ha sucedido así, y en Bogotá no será la excepción. Obras y planes inconclusos, planes de desarrollo y presupuestos sin ejecutar que hacen un gran daño a la ciudad y a los municipios que se han visto sin alcalde. ¿Por qué? Pues porque los nuevos elegidos normalmente son de la oposición.
A la nación le cuesta una plata organizar esas elecciones, es decir, a usted que paga impuestos o que deja de beneficiarse en otros ámbitos porque una vena rota del presupuesto nacional se chorrea en nuevas elecciones de alcaldes y gobernadores descabezados. Habría que preguntarle a Aníbal Cardoso Gaitán, el registrador nacional, cuánto dinero se ha tenido que gastar -porque no es invertir- en elecciones improvisadas desde que Ordóñez se dedica a tumbar funcionarios electos por voto popular, así como Torquemada quemaba gente por sospecha de brujería, y así como los nazis mataban a miles por pertenecer a cierta etnia o religión. La comparación es exagerada, pero se me ocurrió que para este señor es fuente de placer eliminar a los pícaros y sancionar como repartiendo látigo.
Habría que poner en una balanza el peso de ese dinero que se gasta la Registraduría y en el otro plato, los dineros o perjuicios que esos destituídos han causado. ¿Será más costosa la cura que la enfermedad? Yo no sé, pero me queda la duda y ahora que se avecinan por fuerza elecciones en la ciudad más grande de Colombia, ese platico de la balanza se va a colgar más abajo, habrá que preguntar y calcular si esas elecciones capitalinas no serán más caras que los contratos mal hechos para la recolección de basuras y las volquetas viejas que compró Petro, habrá que mirar como gobierna el sucesor y sopesar si la semana de porquería que provocó Petro es peor que los daños y omisiones que vienen.
Otro factor peligroso es la herida que este tipo de decisiones hace al sistema de elección popular. No tiene sentido que los funcionarios elegidos por voto sean destituídos a dedo. Para bien o para mal, esos alcaldes y gobernadores fueron elegidos por los ciudadanos y deberían ser los ciudadanos quienes decidan, como se ha intentado, revocar el mandato de quien no cumple sus promesas o no satisface con su desempeño. Distinto es cuando el alcalde francamente comete delitos, como Samuel Moreno o el tal Quico Gómez, donde actua la rama judicial y no un organo administrativo disciplinario.
He dicho que si los bogotanos estaban aburridos con Petro se lo merecían porque votaron por él, que no todos votaron por él, pero los que no lo querían no fueron suficientes para elegir a otro candidato o no quisieron levantarse de sus camas un domingo para ir a sufragar, así fuera contra el exguerrillero.
En la mesa queda el amargo sabor de esa pelea tácita entre las ideologías de izquierda y las de derecha. Es muy difícil demostrar la persecusión política contra Petro porque, como dije, dio papaya, lo investigaron, encontraron méritos y lo destituyeron con muerte política. Aunque no creo que el procurador renuncie, ni que lo saquen (porque todo el mundo le tiene miedo a una investigación), cualquier otro personaje que ocupe ese cargo, sea liberal o conservador, uribista o santista, negro, marica, torero, estrella de rock jubilada o el que sea… va a tener omnipotencia para investigar y sancionar prácticamente a todo el mundo.
La procuraduría es un instrumento de control que se ha degenerado en un adefesio contra la democracia, quien ocupe ese cargo será por ley un tirano local que podrá joderle la vida a quien lo mire feo, cuenta con todos los instrumentos legales y la fuerza financiera para perseguir a todo el que sea sospechoso de brujería. Aunque no gobierna, puede controlar al gobierno con solamente una mirada, un guiño que dice "te estoy observando, te tengo en la mira", puede legislar e imponer al congreso que modifique las leyes según su conveniencia… es una especie de monarca.
Finalmente quiero dejarle este trozo de texto en el que ustedes leerán lo que dice la Constitución sobre el ministerio público. No me crean a mí, no le crean a Petro, no le crean a Ordóñez. Lean la constitución, miren las noticias, pongan todo en contexto y saquen sus propias conclusiones.
REMATE: Alejandro Ordóñez es un personaje de esos que ya se supone que no existe, pero lo más increíble, es que sé de muchas personas que he creído inteligentes y modernas que se identifican con él.
